La creciente y persistente desigualdad en nuestras sociedades ha dado paso a un cambio en las actitudes ciudadanas hacia las políticas redistributivas que tratan de paliar estas desigualdades. Medidas como un salario mínimo decente, rentas mínimas,, y en general, ayudas a los colectivos más desfavorecidos cuentan hoy con un respaldo más generalizado en la ciudadanía que hace apenas dos décadas. Entre las razones que han favorecido este cambio, se encuentra, en nuestra opinión, el creciente desencanto hacia la idea de la meritocracia. El ideal meritocrático defiende que los logros y las recompensas económicas y sociales deben distribuirse según el mérito o esfuerzo y no en función del legado familiar y social de cada persona. Sin embargo, esta idea, que en principio puede sonar justa y equitativa, puede esconder formas de privilegio social invisibles a primera vista. En otras palabras, la meritocracia y el legado familiar podrían en la práctica estar mucho más relacionados de lo que en principio pudiera parecer.
Para abordar esta importante cuestión social, desde ISEAK, y con la colaboración de COTEC, acabamos de publicar un estudio que analiza la capacidad de nuestro sistema educativo de actuar como un ascensor social. es decir, como un nivelador de las condiciones iniciales de manera que se pueda ascender social y económicamente, al menos en parte, en función del mérito/esfuerzo. La movilidad social depende en gran medida de las competencias y conocimientos adquiridos a través de la educación, por lo que un modelo educativo que nivele las oportunidades es el mejor instrumento para facilitar esa movilidad social que permita ascender socialmente en función del mérito. Sin embargo, existe evidencia que sugiere que la movilidad social entre generaciones está disminuyendo y que uno de sus determinantes es la desigualdad educativa. Si solo los hijos de padres acomodados tienen acceso a las mejores oportunidades educativas, la desigualdad será más persistente entre generaciones que en una sociedad donde la educación dependa en menor medida del entorno familiar.
El estudio utiliza como medida del desempeño educativo los resultados de PISA 2018. Esta base de datos tiene la virtud de medir el nivel de competencias en matemáticas, en capacidad lectora y en ciencias de alumnos de 15 años en más de 70 países que participan en la prueba. La medición es homogénea, lo que nos permite comparar las competencias de nuestros estudiantes con las de los países de nuestro entorno. Del análisis se extraen para nuestro país varias conclusiones importantes. En primer lugar, solo uno de cada tres estudiantes que pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos (aquellos cuyo nivel de renta familiar está en el 20% más bajo), alcanza la competencia básica en matemáticas. Por otra parte, los estudiantes de entornos más favorecidos tienen más del doble de posibilidades de alcanzar ese nivel de competencias.
Para adentrarnos en las causas que provocan estas diferencias en competencias, tratamos de cuantificar el nivel de desigualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo. Existe desigualdad de oportunidades si los resultados educativos dependen de circunstancias que están fuera del control del estudiante y que, por tanto, no guardan relación con el mérito o esfuerzo. Entre estas circunstancias se incluyen factores como el sexo, la nacionalidad, el nivel socioeconómico de la familia, etcétera. Cuanto más relevantes sean estas circunstancias para entender las diferencias en las competencias educativas, mayor será la desigualdad de oportunidades en educación. Analizamos la importancia de las circunstancias en las competencias educativas de 35 países, y España muestra una desigualdad de oportunidades moderada, situándose en el tramo intermedio. Nuestras estimaciones apuntan a que alrededor del 26% del rendimiento en matemáticas (medido por las competencias matemáticas en PISA) se explica por esas circunstancias ajenas completamente al mérito o responsabilidad individual.
Si bien este nivel de desigualdad de oportunidades podría considerarse aceptable en comparación con países como los Emiratos Árabes o Israel, estamos considerablemente alejados de otros sistemas educativos que, además de lograr buenos resultados medios en matemáticas, destacan por su alta equidad, como Macao o Hong Kong. En conjunto, estos resultados indican que existe margen de mejora para conseguir que los estudiantes compitan en clave de mayor igualdad de oportunidades para conseguir mayores competencias. Además, dado que la cantidad de libros que hay en el hogar es la circunstancia que más influye al explicar la desigualdad de oportunidades en España, insistimos en que las políticas públicas tienen el deber fundamental de compensar la desproporcionada importancia del capital cultural de las familias españolas con el fin de promover la equidad educativa.
¿Qué políticas públicas podrían facilitar un entorno educativo que fomentara la igualdad de oportunidades? Identificamos tres amplias áreas de actuación. En primer lugar, combatir la segregación escolar, pues fomenta la diversidad en las aulas, reuniendo a estudiantes con habilidades y procedencias sociales diversas en un mismo entorno educativo. En segundo lugar, subrayamos la importancia de medidas relacionadas con la organización escolar y las prácticas docentes, que faciliten el aprendizaje colaborativo entre los docentes y reduzca su carga administrativa para permitirles más tiempo en el aula. Por último, dado que se constata una conexión entre la desigualdad de oportunidades en la adolescencia y la desigualdad de ingresos en la infancia, consideramos que las intervenciones dirigidas a la redistribución de la riqueza entre familias más y menos favorecidas durante la infancia pueden contribuir al fomento de la equidad educativa en el futuro.
Cabe precisar que nuestros resultados no niegan la importancia del esfuerzo y el mérito educativo, ni señalan que sea deseable desconectar el acceso a posiciones de poder e influencia de las competencias individuales. Lo que si evidencian es una brecha entre el ideal meritocrático y su realización en la práctica. De ahí que enfaticemos el desafío moral de diseñar políticas e instituciones que minimicen, en la medida de lo posible, la influencia excesiva de las circunstancias personales ajenas al mérito. En palabras de John Rawls, “la distribución natural [de circunstancias] no es ni justa ni injusta; tampoco es injusto que las personas nazcan en la sociedad en una posición particular. Estos son simplemente hechos naturales. Lo que es justo e injusto es la forma en que las instituciones abordan estos hechos”. Centrarse en abordar estas desigualdades educativas puede ser un primer paso, aunque posiblemente insuficiente desde una perspectiva global. No obstante, representa un punto de partida común, independientemente de si se critica la meritocracia desde dentro o fuera de su marco.
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