El presupuesto presentado por el Ministerio de Seguridad recibió una fuerte oposición debido a no alcanzar el quórum requerido para su aprobación, dejando sin soporte varias asignaciones esenciales, incluyendo los pagos por primas de antigüedad. La propuesta consideraba un rescate financiero de $800,000 dirigido específicamente a indemnizaciones laborales pendientes, relacionadas con el personal que trabajó en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en los años 2014 y 2015. Esta solicitud está basada en la legislación actual que reconoce estas primas como un derecho legítimo de los empleados públicos con años de servicio.
A pesar de esto, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto, varios diputados cuestionaron la transferencia de fondos, alegando que parte de esos recursos podrían representar pagos a funcionarios de nivel superior, entre ellos el actual responsable del Ministerio de Seguridad, cuando dirigía el SENAFRONT en aquella época. Este punto causó controversia y llevó a que ciertos legisladores condicionaran su respaldo a la divulgación del listado íntegro de los 223 posibles beneficiarios. Sin embargo, el informe entregado por las autoridades no especificó los nombres de dichas personas, lo que aumentó las incertidumbres entre los legisladores.
Al no haber quórum, se detuvo el traslado de diversos partidos y quedaron en el aire tanto el dinero para las indemnizaciones como otras asignaciones urgentes. Destacan entre ellas los $999,000 destinados a comprar 400 pistolas Taser, que son dispositivos no letales para el uso operativo de policías locales y oficiales del Organismo de Tránsito. Esta compra fue criticada porque se planeó realizar mediante un proceso de compra directa a Cool Water, que es el único distribuidor autorizado en el país, generando opiniones negativas sobre la transparencia y el posible riesgo de asignación sin competencia.
Pero el presupuesto no solo incluía primas por antigüedad y equipo no letal. También se pidió una cantidad extra de $3.8 millones para financiar las pensiones de 261 exmiembros que pertenecieron a cuerpos de seguridad. La meta afirmada del Ministerio era completar el conjunto económico de beneficios históricamente atrasados y mejorar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con instrumentos que disminuyan el uso de la fuerza letal.
La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. El ministro de Seguridad planteó que las indemnizaciones y primas están amparadas por la Ley 241, que otorga estabilidad y reconocimiento económico a servidores con trayectoria prolongada. En el caso particular del ministro, quien presuntamente podría percibir uno de estos pagos, se comprometió a donar su parte al Hogar San José, un centro de asistencia para niños en situación de vulnerabilidad ubicado en Panamá Oeste. Esta declaración parecía orientada a mitigar la percepción de conflicto de interés y a mejorar la aceptación política de la medida.
En su intervención, el viceministro defendió la compra de Taser y la provisión de pensiones como medidas cruciales para actualizar y hacer más humana la gestión policial, además de cumplir con las responsabilidades del Ministerio. Sin embargo, la imprecisión respecto a los fondos específicos y quienes se beneficiarían detuvo la aprobación inmediata.
Quedó también pendiente un traslado previo para subsidiar alquileres de oficinas del Ministerio de Vivienda, que utiliza espacios en Plaza Edison. Esa partida ya había sido objeto de debate y ahora se suma al conjunto de partidas rechazadas, lo que revela que el bloqueo del presupuesto no es un caso aislado, sino parte de una resistencia más amplia dentro de la Comisión de Presupuesto.
La suspensión de estos traslados presupuestarios pone en jaque no solo los compromisos con servidores actuales y exfuncionarios, sino también los planes operativos de seguridad ciudadana. La falta de financiación para los Taser pone en entredicho una estrategia gubernamental que busca disminuir intervenciones letales, mientras que la postergación del pago de antigüedad y jubilaciones podría generar conflictos laborales y un impacto negativo en la moral de las fuerzas de seguridad.
En el entorno electoral y político, cobra mayor importancia este rechazo. El cuerpo legislativo, bajo la presión de grupos que solicitan transparencia, demanda de documentos y se oponen a adquisiciones directas, se halla en una situación en la que cada peso destinado al sector de seguridad es examinado detalladamente. Para que el presupuesto pueda progresar, será necesario contar con un quórum significativo y proporcionar un informe transparente que indique a los beneficiarios, justifique las adquisiciones y garantice que los fondos se dirijan únicamente a metas operativas y sociales.
