Claudio Grossman, abogado chileno especializado en derechos humanos y asesor especial de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), renunció por su desacuerdo con el lento ritmo de la investigación sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás. Maduro. La noticia fue publicada por la agencia AP este viernes, luego de obtener acceso a un correo electrónico enviado por Grossman al fiscal de la CPI Karim Khan en noviembre.
En su mensaje, Grossman expresó su frustración por la falta de medidas concretas contra los responsables de graves violaciones denunciadas en el país sudamericano y rechazó la posibilidad de renovar el contrato. Por su parte, la CPI informó que el cargo de Grossman fue rescindido «de conformidad con su contrato anterior».
«El fiscal está extremadamente agradecido al profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha brindado», dijo la CPI en un comunicado oficial.
Un experto con amplia experiencia.
Grossman, nacido en Chile, es un conocido abogado y ex profesor de la Facultad de Derecho de la American University en Washington. Fue nombrado fiscal especial de Karim Khan en octubre de 2021 como parte de un equipo de expertos voluntarios cuyo objetivo era fortalecer áreas clave identificadas por el fiscal. Su renuncia marca un momento crítico en el caso venezolano, que ha estado en el centro del escrutinio internacional por acusaciones de crímenes contra la humanidad cometidos bajo el gobierno de Maduro.
Investigando a Venezuela: avances limitados y críticas crecientes
La CPI inició oficialmente una investigación sobre el historial de derechos humanos de Venezuela en noviembre de 2021. Esta decisión se basó en denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, incluida la represión violenta contra manifestantes, tortura y detenciones arbitrarias. Sin embargo, a pesar de los avances iniciales, el proceso ha sido criticado por su lentitud.
En un discurso reciente, Karim Khan defendió el trabajo de la CPI, afirmando que el caso venezolano se resolvió «de forma concentrada y sin demora». Khan aseguró que había insistido a las autoridades venezolanas en la necesidad de avances reales en las investigaciones locales. Durante su visita a Caracas en abril de este año, enfatizó la importancia de la cooperación del gobierno de Maduro, que llegó a un acuerdo con la CPI en 2021 para facilitar el trabajo de la corte.
A pesar de estos esfuerzos, organizaciones de derechos humanos y personas como Grossman creen que las acciones tomadas hasta ahora han sido insuficientes. En su correo electrónico, Grossman dejó claro que no podía justificar la falta de acciones serias contra los infractores graves, por lo que decidió dejar su función como asesor.
Alegatos de conflicto de intereses y desafíos para el fiscal
La dimisión de Grossman se produce en medio de una creciente presión sobre Karim Khan. A principios de noviembre, la Fundación Arcadia, una organización no gubernamental con sede en Washington, solicitó la exención de Khan de la investigación en Venezuela, citando un supuesto conflicto de intereses debido a los vínculos de un miembro del equipo legal del gobierno de Maduro con la familia del fiscal.
Aunque Khan negó las acusaciones, solicitó a la Cámara de Apelaciones de la CPI que desestimara la denuncia. Sin embargo, las críticas a su gestión no se limitan al caso venezolano; El fiscal también se enfrenta a acusaciones de abuso sexual con una asistente, que ha negado categóricamente.
Contexto político en Venezuela
Mientras tanto, Nicolás Maduro se prepara para iniciar un tercer mandato presidencial el 10 de enero, luego de unas elecciones muy cuestionadas por la falta de transparencia y las acusaciones de fraude. Organizaciones internacionales han destacado el cierre del espacio cívico, la represión contra opositores y el uso de detenciones arbitrarias como tácticas gubernamentales para mantener el control político.
El gobierno de Maduro ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de fraude y crímenes contra la humanidad, afirmando que las personas detenidas tras las protestas eran «criminales y terroristas». A pesar de estas defensas, la presión internacional sobre la CPI para que avance con el caso continúa intensificándose.
El Estatuto de Roma y la jurisdicción de la CPI
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en 2000, otorgando a la CPI jurisdicción para investigar crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando las autoridades locales no pueden o no quieren realizar investigaciones efectivas.
En este caso, la CPI indicó que había pruebas suficientes para proceder con una investigación oficial. Sin embargo, el progreso ha sido lento, lo que ha generado frustración entre las víctimas y los defensores de los derechos humanos que buscan justicia.
Un llamado a la acción más fuerte
La salida de Grossman refleja una creciente impaciencia dentro y fuera de la CPI por la resolución del caso venezolano. Su renuncia subraya los desafíos que enfrenta la corte cuando intenta abordar violaciones a gran escala en contextos políticamente complejos.
En momentos en que las instituciones internacionales son criticadas por su ineficacia, la renuncia de Grossman envía un mensaje claro sobre la necesidad de acciones más rápidas y decisivas en la búsqueda de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Mientras tanto, el futuro de la investigación de la CPI sobre Venezuela sigue siendo incierto, al igual que el destino de quienes buscan responsabilidad por los abusos cometidos en el país. La renuncia de una figura tan destacada como Claudio Grossman subraya la urgencia de abordar estos desafíos con mayor determinación y transparencia.