El gobierno de Javier Milei amplía el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interna y genera un debate sobre la militarización

El gobierno de Javier Milei amplía el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interna y genera un debate sobre la militarización

El gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Javier Milei, ha dado un giro significativo en la política de seguridad nacional al ampliar las actividades de las fuerzas armadas hacia tareas de seguridad interna. Este cambio, implementado a través de dos decretos presidenciales, redefine el alcance de la Ley de Defensa Nacional de 1988, originalmente diseñada para limitar la intervención militar en los asuntos internos después de la dictadura militar (1976-1983).

La Ley de Defensa Nacional, promulgada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, establecía que las fuerzas armadas sólo podían actuar en conflictos relacionados con agresiones externas con el fin de garantizar la soberanía e independencia del país. Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Alberto Fernández, el marco legal se ajustó para fortalecer esta separación entre defensa nacional y seguridad interior. Sin embargo, los decretos firmados por Milei y sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, cambian radicalmente este enfoque, permitiendo una mayor implicación de los militares en los asuntos internos.

Redefiniendo objetivos estratégicos

La primera de las normas establece una nueva definición de «objetivos de valor estratégico». Según la normativa, se trata de cualquier bien, instalación o infraestructura cuya destrucción parcial o total pueda causar daños graves al bienestar de la población, la economía, el medio ambiente o la seguridad nacional. A diferencia del pasado, donde el Congreso tenía que determinar qué constituye un objetivo estratégico, ahora el poder ejecutivo tiene el derecho exclusivo de definirlos, sin necesidad de consulta legislativa.

Además, el decreto permite a la Secretaría de Seguridad solicitar la cooperación de las Fuerzas Armadas junto con la policía federal y las fuerzas de seguridad en la protección de estos objetivos, eliminando las restricciones anteriores que limitaban esta cooperación.

Ampliación del alcance de la acción militar.

El segundo decreto amplía las capacidades operativas de las fuerzas armadas, justificando «nuevas formas de conflicto» resultantes de la evolución tecnológica. Ahora las Fuerzas Armadas podrán operar en el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, mientras enfrentan amenazas de organizaciones terroristas, actores paraestatales transnacionales o extranjeros, que antes no eran considerados agresores externos según la ley.

Asimismo, se habilita a las Fuerzas Armadas para completar el trabajo de las fuerzas de seguridad en las fronteras, participando en las actividades de entrenamiento operativo, apoyo logístico y asistencia en caso de emergencias o desastres naturales.

Las justificaciones del gobierno

El gobierno de Milei afirma que los cambios fueron necesarios para corregir lo que llaman un «sesgo ideológico» en disposiciones anteriores de la Ley de Defensa, implementada por Néstor Kirchner en 2006. Según la actual administración, ese enfoque ha limitado la capacidad del Estado para proteger la defensa de la nación. intereses vitales.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la medida en las redes sociales diciendo: «La defensa de lo estratégico es la defensa de los buenos argentinos». Donde haya recursos y futuro, no habrá lugar para la mafia ni para los corruptos”. Patricia Bullrich, por su parte, enfatizó la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional para enfrentar los desafíos de seguridad contemporáneos.

Críticas y preocupaciones

La decisión ha suscitado críticas generalizadas por parte de organizaciones sociales y de derechos humanos, que ven estas disposiciones como un avance hacia la militarización de la seguridad interior. Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CELS), señaló que no existe una situación real de terrorismo o crimen organizado que justifique esta ampliación de la acción militar.

Trufó también expresó su preocupación por la inclusión de las infraestructuras económicas en la categoría de «objetivos de valor estratégico». Según expertos, esto podría usarse para justificar la represión de protestas sociales o bloqueos relacionados con reivindicaciones territoriales, especialmente de comunidades indígenas. «Este es un gobierno que ha caracterizado a los manifestantes como terroristas y ha adoptado una postura firme contra los bloqueos como medio de protesta. «Esto podría ser una señal de que están intentando criminalizar aún más estas manifestaciones», advirtió.

Contexto y signos de cambio

La ampliación del papel de las Fuerzas Armadas es sólo una de las muchas señales de un cambio de paradigma en la política de defensa y seguridad bajo el gobierno de Milei. Durante 2024 se incrementó significativamente el presupuesto de defensa, continuaron los desfiles militares y se publicó un polémico vídeo en el Día de los Caídos en memoria de las víctimas de la última dictadura militar.

Algunos analistas han interpretado estos cambios como un intento de redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en el país, devolviendo su importancia en áreas tradicionalmente reservadas a las fuerzas de seguridad.

Discusión abierta

Mientras el gobierno defiende la medida como una respuesta necesaria a las «nuevas amenazas» que enfrenta Argentina, críticos y organizaciones de la sociedad civil advierten sobre los riesgos de erosionar la línea entre la defensa nacional y la seguridad interna, una separación que ha sido crucial en la transición democrática del país.

El debate sobre el alcance de la participación militar en los asuntos internos promete intensificarse en los próximos meses, especialmente en el contexto de un clima político polarizado y antes de las elecciones parlamentarias. Para algunos, esta decisión representa un progreso estratégico frente a los desafíos contemporáneos; Para otros, es un revés que amenaza los derechos fundamentales y los principios democráticos.

By Romulo Pacheco

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