El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó un resumen de más de 200 expedientes aún pendientes de resolución por parte de su Departamento Especializado en Conflictos Políticos. Esos casos, que se venían acumulando desde hacía años, quedaron paralizados debido a una acción inconstitucional que mantuvo en el limbo a los responsables de resolverlos hasta que el Consejo Constitucional completara su análisis.
Entre las demandas pendientes están las interpuestas contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, por presunta belicosidad política. Estas acusaciones, que se remontan al año anterior, incluyen una hecha por el Partido Liberación Nacional (PLN) y otra por el Partido Acción Cívica (PAC). Miguel Guillén, Secretario General del PLN, se dirigió al TSE para expresar su preocupación por la demora en la resolución de estos casos, destacando la importancia de una decisión oportuna en asuntos de esta naturaleza.
Rodrigo Chaves, por su parte, aprovechó sus intervenciones públicas para criticar a los principales partidos de oposición, entre ellos el PLN, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista (PLP), sugiriendo presuntos actos de corrupción entre sus partidos. líderes. Esto ha creado tensiones políticas que, junto con los agravios actuales, reflejan un panorama político polarizado antes de las elecciones presidenciales de 2026.
Denuncias acumuladas desde 2019
Según Andréi Cambroner, jefe de Abogados del TSE, los casos pendientes comenzaron a acumularse desde 2019. Durante dos procesos electorales -las elecciones nacionales de 2022 y las elecciones municipales de 2024- las denuncias continuaron llegando a la Sala Especializada del Tribunal sin poder ser resueltas debido a la inconstitucionalidad que bloqueó su avance.
Si bien el Departamento Especializado continuó recibiendo denuncias durante ese tiempo, no tuvo capacidad para tomar decisiones hasta mediados de este año, cuando el Consejo Constitucional finalmente se pronunció sobre el caso. Inicialmente, los jueces desestimaron la demanda de inconstitucionalidad debido a fallas formales en la redacción, lo que obligó a los fiscales a reconsiderarla. Unos meses más tarde, tras otro intento, la demanda fue aceptada y resuelta, permitiendo al TSE continuar con sus funciones en este caso.
Activistas que interpusieron una demanda de inconstitucionalidad impugnaron cuatro artículos del reglamento del Departamento Especializado del TSE, afirmando que dichas disposiciones están en conflicto con la Constitución. Sin embargo, mediante la votación 2024-0023861, el Consejo Constitucional concluyó que no existe inconstitucionalidad de la referida normativa. Según los magistrados, el TSE tiene plena autoridad para establecer normas relacionadas con su función electoral, según lo establecido en el artículo 10 de la Constitución Política y el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Jurisdicción exclusiva del TSE
El juez de instrucción Jorge Araya fue tajante al señalar que la organización y regulación de los procesos electorales son competencia exclusiva del TSE. En su resolución aclaró que las disposiciones adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral en el ejercicio de su función electoral no pueden ser objeto de un proceso constitucional.
«Se considera que la formación y regulación de estos procesos es competencia exclusiva del TSE en el desempeño de su función electoral. “Según el artículo 10 de la Constitución y el artículo 74 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no existe recurso constitucional contra las disposiciones del TSE que se refieren al ejercicio de las funciones electorales”, explicó Araya.
Pese a la decisión del Consejo Constitucional, el texto completo de la decisión aún se encuentra a la espera de publicación, lo que permitirá conocer más sobre los fundamentos de la decisión y el alcance de las normas según las cuales funcionará el Departamento Especializado del TSE. de aquí en adelante. en .
Denuncias contra el presidente Chaves
Entre los expedientes pendientes se encuentran las demandas interpuestas por el PLN y el PAC contra el presidente Rodrigo Chaves por presunta belicosidad política. Estas acusaciones han generado un amplio debate, ya que, de tener éxito, el TSE debe remitir el caso al poder legislativo, que sería el encargado de determinar qué medidas tomar.
Las denuncias se refieren a declaraciones públicas de Chaves, en las que utilizó su cargo para atacar a los partidos de oposición y a sus líderes, acusándolos de prácticas corruptas. Tales acciones podrían interpretarse como una violación de las normas que regulan la neutralidad política de los funcionarios públicos, especialmente en el contexto de los procesos electorales.
El avance de estos esfuerzos será crucial para definir el impacto político de las acusaciones contra el presidente y la posible reacción de los partidos involucrados que han insistido en la necesidad de garantizar imparcialidad y transparencia en los procesos electorales.
Panorama político tenso
La demora en la resolución de casos de conflictos políticos ha aumentado las tensiones en el panorama político nacional. Con las elecciones presidenciales de 2026 en el horizonte, los partidos de oposición y el oficialismo mantienen un clima de conflictividad que podría intensificarse a medida que avancen los procesos del TSE.
Resolver los expedientes acumulados desde 2019 no solo será decisivo para definir posibles sanciones o medidas correctivas, sino también para sentar un precedente en la regulación del comportamiento político de los actores públicos. En este contexto, el TSE enfrenta el desafío de garantizar que sus actividades sean consideradas imparciales y acordes con la Constitución, en momentos en que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.
Actualmente, el TSE continúa trabajando en los expedientes acumulados y en la implementación de las disposiciones aclaradas por la Sala Constitucional. La publicación de la sentencia completa permitirá conocer con más detalle las implicaciones de la decisión y los pasos a seguir en los casos más relevantes, como las denuncias contra el presidente Chaves.
Este proceso marca un punto crítico para el sistema electoral costarricense, que debe demostrar su capacidad para resolver conflictos políticos de manera justa y transparente, en un entorno donde la polarización y las acusaciones mutuas parecen ser la norma.