La Corte Constitucional de Ecuador apoyó la propuesta del presidente Daniel Noboa de abolir el financiamiento público de las organizaciones políticas y la propaganda electoral mediante una reforma parcial de la Constitución. La decisión, anunciada oficialmente el miércoles, marca un paso significativo en la agenda política del presidente, aunque no tendrá impacto en las elecciones presidenciales de febrero de 2025, en las que Noboa buscará un nuevo mandato.
La resolución, aprobada por mayoría en el tribunal, afirma que la propuesta del gobierno no viola procedimientos de reforma constitucional ni limita derechos o garantías fundamentales. Según el dictamen, la iniciativa del ejecutivo «respeta los límites fijados para el proceso de reformas parciales» que deben ser debatidas y aprobadas por la Asamblea Nacional.
El Presidente presentó oficialmente esta propuesta en septiembre, buscando modificar los artículos 110 y 115 de la Constitución. Estas disposiciones garantizan actualmente que los partidos políticos reciban fondos estatales y que el Estado financie igualmente la promoción de propuestas electorales en los medios de comunicación.
Proceso legislativo y referéndum como próximos pasos
Con el consentimiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno anunció que enviaría «inmediatamente» el proyecto de reforma a la Asamblea Nacional. En un comunicado emitido por un ministro del gobierno, se instó al legislativo a procesar la propuesta con la urgencia que merece el caso. Según el poder ejecutivo, el objetivo principal de la reforma es «prevenir el malversación de fondos públicos» y garantizar una mayor transparencia del proceso electoral.
Una vez en la Asamblea, el proyecto deberá someterse a dos debates en el pleno, con un intervalo mínimo de 90 días entre ellos. Para ser aprobada necesitará el apoyo de al menos 92 legisladores de un total de 137. Posteriormente, la reforma será sometida a un referéndum nacional que se celebrará 45 días después de su aprobación en el parlamento.
Sin embargo, debido a los plazos establecidos, la implementación de esta reforma no será posible para las elecciones generales de 2025, si el proyecto supera todos los pasos legales y el referéndum, su implementación se pospondrá hasta las elecciones presidenciales de 2029.
¿Qué proponen los cambios constitucionales?
El artículo 110 de la Constitución, en vigor desde 2008, estipula que los partidos políticos serán financiados por el Estado bajo control. Asimismo, el artículo 115 establece que el Estado garantizará, a través de los medios de comunicación, la promoción electoral equitativa de todos los candidatos, con el fin de promover el debate y difundir las propuestas programáticas.
Actualmente, la financiación pública de las campañas electorales no pasa directamente a través de los partidos políticos. En cambio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) transfiere recursos directamente a los medios que transmiten los anuncios de los candidatos, asegurando que el dinero no sea administrado por organizaciones políticas. Para acceder a estos fondos, los partidos deben cumplir una serie de requisitos legales, como un número mínimo de miembros, mantener representación en todo el país o lograr al menos el 4% de los votos en dos elecciones consecutivas.
El proyecto de Noboa propone abolir este sistema de financiamiento público de partidos políticos y propaganda electoral, argumentando que estos fondos podrían utilizarse de manera más efectiva en otras áreas prioritarias para el país. Según el presidente, esta medida tiene como objetivo garantizar una gestión más transparente de los recursos públicos y evitar posibles abusos por parte de los actores políticos.
El contexto político se caracteriza por tensiones y desafíos
Daniel Noboa, empresario y político de 36 años, asumió la presidencia en 2023 tras ganar unas elecciones anticipadas convocadas después de que su antecesor Guillermo Lasso disolviera la Asamblea Nacional en medio de una crisis política. Ahora Noboa busca consolidar su liderazgo en las elecciones ordinarias de 2025, donde competirá con otros 15 candidatos por un mandato presidencial completo de cuatro años.
El financiamiento estatal de las campañas electorales ha sido un tema constante en el debate político ecuatoriano. Para las elecciones de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) destinó un total de 13,76 millones de dólares para la propaganda de los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Esta cantidad representa una parte importante del presupuesto electoral del país y su abolición podría cambiar significativamente la forma en que se llevan a cabo las campañas en el futuro.
El impacto de la reforma en el entorno político
La propuesta de Noboa, aunque controvertida, refleja la intención de reducir el gasto público para financiar la política electoral, un tema que genera opiniones divididas tanto en el ámbito político como entre los ciudadanos. Por un lado, los defensores de la reforma argumentan que el sistema actual podría estar sujeto a abusos y que los fondos podrían dirigirse a las necesidades más urgentes del país. Por otro lado, los críticos advierten que la abolición de la financiación estatal podría beneficiar a candidatos con mayores recursos privados, dificultando la participación de fuerzas políticas más pequeñas o independientes.
Además, la reforma plantea dudas sobre cómo se garantizará la equidad en las campañas electorales sin financiación pública. Actualmente, el sistema intenta nivelar el campo de juego para que todos los candidatos puedan difundir sus propuestas, independientemente de su capacidad económica. Sin este mecanismo, algunos temen que las elecciones se vuelvan menos inclusivas y estén más influenciadas por fuentes privadas.
Un desafío para la Asamblea Nacional y los ciudadanos
La aprobación de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para generar consenso en la Asamblea Nacional, donde necesitará el apoyo de una mayoría calificada para hacer avanzar el proceso. Además, el referéndum será un momento clave para medir el apoyo de los ciudadanos a esta iniciativa, que podría marcar un cambio importante en la política electoral del país.
Mientras tanto, el Presidente Nobo enfrenta el desafío de mantener su agenda política mientras se postula para la reelección en un entorno electoral competitivo. Con 15 candidatos en carrera, el presidente deberá demostrar su capacidad para liderar el país en un contexto de alta fragmentación política y crecientes demandas sociales.
En resumen, la propuesta de abolir la financiación estatal de los partidos políticos y la propaganda electoral representa un intento ambicioso de reformar el sistema político ecuatoriano. Pero su éxito dependerá no sólo de los procesos legislativos y electorales, sino también del apoyo que obtenga entre los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra sobre el futuro de esta iniciativa en el referéndum.