La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrenta una etapa compleja, marcada por investigaciones legislativas y judiciales que han apuntado a varios de sus altos funcionarios. Uno de los actores centrales de esta situación es Gilberth Alfaro, director jurídico de la institución, quien recientemente declaró ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la administración de la CCSS.
Durante su intervención, Alfaro señaló que la suspendida presidenta ejecutiva Marta Esquivel le aseguró que no era necesaria su presencia en las reuniones del Consejo Directivo. Según el funcionario, esta decisión marcó un antes y un después en la dinámica de este órgano colegiado, y además coincidió con una serie de medidas duramente criticadas, como la suspensión del portafolio de inversiones de la institución.
Alfaro señaló que la exclusión de sesiones afectó no sólo la toma de decisiones en temas de inversión, sino que también provocó problemas en el funcionamiento regular del Directorio. Según su testimonio, la ausencia de un criterio legal permanente provocó el uso de la figura de un «funcionario de facto» como garantía de quórum en las reuniones. Este mecanismo, que el Consejo no ha utilizado hasta ahora, consiste en invitar a un funcionario de la institución a asumir temporalmente las funciones de director.
El director Jurídico explicó que, si bien no era su criterio inicial para la implantación de esta figura, la Abogacía del Estado determina que en casos excepcionales se pueden convocar colegios de esta forma. Además, citó el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que define como «funcionario de hecho» a aquel que desempeña un cargo público sin investidura válida, pero cuya actuación está permitida en situaciones de emergencia para garantizar la continuidad del servicio público. .
Uno de los momentos más tensos de la actuación ocurrió cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, le consultó sobre la decisión de suspender la cartera de inversiones de la CCSS. Según el director jurídico, esta medida se adoptó poco después de su exclusión de las sesiones de la Mesa Directiva, lo que para algunos legisladores pone en duda la transparencia y el proceso de toma de decisiones detrás de dicha decisión.
Por otra parte, Alfaro también habló sobre la auditoría que se realizó en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), que son administrados por cuatro cooperativas y un colegio de médicos. Esta revisión se creó como parte de una investigación conocida como “Caso Barrenador”, liderada por la Fiscalía del Estado. El funcionario admitió que antes de asignar la gestión del EBAIS a las cooperativas no se emitieron los criterios legales básicos, lo que pone en duda la legalidad y justificación de estas decisiones.
Durante la sesión, otros representantes también realizaron preguntas sobre diversos temas relacionados con la gestión de la CCSS. Paulina Ramírez, diputada del Partido de Liberación Nacional (PLN), expresó preocupación por el estado del proyecto de construcción del nuevo hospital de Cartago. Alfaro respondió que las autoridades deben evaluar si el contrato fue desviado a otra empresa, al tiempo que se establecen procedimientos para determinar la responsabilidad de la empresa originalmente adjudicada.
Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), cuestionó la derogación de la norma de subcontratación, que regula la subcontratación de servicios de salud. Según Vargas, la existencia de lineamientos claros en esta materia es fundamental para garantizar buenas prácticas de gobierno corporativo y mejorar la transparencia en las contrataciones con terceros.
Dadas estas preocupaciones, Alfaro señaló que no está claro si la CCSS ha estructurado una gobernanza para abordar estos temas, lo que dificulta invocar criterios firmes en la toma de decisiones. En este contexto, enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de supervisión y planificación para que situaciones similares no se repitan en el futuro.
La salida también reveló tensiones internas en la CCSS y diferencias de criterio entre funcionarios y legisladores. Mientras algunos parlamentarios creen que las medidas adoptadas por la institución carecen de base técnica y jurídica, otros sugieren que la falta de claridad en los procedimientos podría estar relacionada con problemas estructurales más profundos.
Finalmente, Alfaro destacó que en la reciente reunión del Consejo de la CCSS, realizada un sábado de julio, se abordaron temas estructurales, entre ellos la gobernanza del EBAIS y la relación con las cooperativas médicas. Según el funcionario, estas discusiones son cruciales para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución, pero requieren de mayor coordinación y transparencia para resolver dudas que han surgido sobre su gobernanza.
La situación actual de la CCSS refleja un panorama complejo en el que decisiones administrativas y cuestiones jurídicas han creado un clima de incertidumbre tanto en la institución como en la opinión pública. Las investigaciones en curso, legislativas y judiciales, serán decisivas para esclarecer los hechos y definir las responsabilidades de los involucrados. Mientras tanto, la CCSS enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los ciudadanos y garantizar la continuidad de los servicios de salud en medio de esta crisis institucional.