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Un grupo de unas cien personas se prepara para encabezar una marcha en Marte, Ecuador, exigiendo que las autoridades ecuatorianas se involucren en el debate sobre una consulta pública realizada hace un año. Esta consulta podría resultar en la extracción de petróleo en la región amazónica habitada por pueblos indígenas, incluidos dos grupos en asilo voluntario.
Alicia Cahuiya, líder del pueblo Waorani, dijo en un emotivo discurso ante los manifestantes que los ecuatorianos votaron por un año para “mantener el petróleo en el país y preservar el futuro de Yasuní”. Criticó al gobierno por no cumplir con las obligaciones de Ecuador con la Amazonía.
Además, mencionó que un representante de su grupo fue designado en la comisión para bloquear las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní. Durante la protesta, un médico waorani fue agredido simbólicamente con plumas y pieles de animales, mientras mujeres cantaban en su lengua nativa frente al Ministerio de Energía.
En consulta popular el 20 de agosto de 2023, el 58,99% de los electores se opuso a la extracción de recursos en Yasuní. La Corte Constitucional otorgó al gobierno un año para retirar la infraestructura petrolera en la zona conocida como Yasuní ITT.
En los últimos diez años, se han extraído de Yasuní unos 57.000 barriles de petróleo crudo por día, lo que ha aportado unos 1.200 millones de dólares anuales a las arcas del Estado, según cifras oficiales.
Tagaeri y Taromenane, dos comunidades indígenas en asilo voluntario, viven en la región y evitan el contacto con la cultura occidental, moviéndose libremente por la selva. Yasuní fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 1989.
Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Pueblos Indígenas, enfatizó la importancia de escuchar las voces de los defensores de la naturaleza, señalando que su lucha no es temporal, sino un compromiso de por vida.
El Ministro de Energía, Antonio Gonçalves, anunció planes para cerrar el campo petrolero y trabajar con Petroecuador en un plan de expansión y desmantelamiento. Sin embargo, se espera que esta actuación pueda retrasarse entre tres y cinco años debido a su complejidad.
Ecuador depende en gran medida de las actividades petroleras, que aportan alrededor del 30% de sus ingresos. La protesta y preocupación de los pueblos indígenas resaltan la delicada situación entre la conservación ambiental y las actividades mineras en la región de Yasuní.
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