España figura entre los destinos turísticos más destacados del planeta, ya que antes de la pandemia el sector representaba cerca del 12% del producto interior bruto y en 2019 el país acogió a más de 80 millones de viajeros internacionales. Asimismo, España dispone de casi 50 enclaves reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además de una amplia red de reservas de biosfera y espacios naturales protegidos. Ese legado cultural y ambiental aporta una notable ventaja competitiva, aunque también genera desafíos vinculados a la presión turística, la desaparición de prácticas tradicionales y la fragmentación del territorio. La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha transformado en un elemento clave para armonizar la actividad turística con la preservación de los paisajes culturales.
Principios de RSE orientados al turismo y a la gestión de paisajes culturales
- Participación de las partes interesadas: interacción con comunidades locales, responsables del patrimonio, autoridades y visitantes para acordar usos sostenibles.
- Gestión ambiental: disminución de emisiones, optimización del consumo energético, tratamiento adecuado de residuos, resguardo de suelos y recursos hídricos, junto con la recuperación de ecosistemas culturales.
- Cuidado del patrimonio material e inmaterial: conservación de estructuras arquitectónicas, impulso a oficios tradicionales y resguardo de expresiones culturales asociadas al entorno.
- Accesibilidad e inclusión: asegurar que las personas con discapacidad accedan a los bienes culturales y fomentar un turismo equitativo para toda la sociedad.
- Certificaciones y transparencia: implementación de sistemas de gestión ambiental (como ISO 14001, EMAS), acreditaciones de calidad turística y divulgación clara de metas y logros.
Proyectos corporativos y alianzas sobresalientes
Paradores de Turismo: la red pública de paradores ha tenido tradicionalmente la misión de recuperar edificios emblemáticos como monasterios, palacios o fortalezas y destinarlos a usos turísticos para asegurar su preservación; estas instalaciones integran la restauración arquitectónica, impulsan la gastronomía regional y generan recursos económicos que contribuyen al mantenimiento del patrimonio.
Cadenas hoteleras con compromiso de conservación: diversas empresas hoteleras del país impulsan iniciativas para disminuir su impacto ambiental, optimizar el consumo de energía y perfeccionar el manejo del agua, al tiempo que preservan y rehabilitan inmuebles históricos convertidos en alojamientos. Estas acciones se acompañan de compras responsables a proveedores locales con el fin de fortalecer las economías de la región.
Programas de accesibilidad y turismo social (Fundación ONCE y empresas colaboradoras): acciones orientadas a adecuar espacios y recursos culturales, facilitando el acceso de personas con diversidad funcional y enriqueciendo la oferta cultural inclusiva en destinos con valor patrimonial.
Vías Verdes y Fundación de los Ferrocarriles Españoles: reconversión de trazados ferroviarios en desuso en itinerarios peatonales y ciclistas que fomentan el turismo de naturaleza, revitalizan pueblos rurales y preservan corredores paisajísticos e históricos.
Empresas turísticas vinculadas a redes de reservas de biosfera y parques naturales: operadores, alojamientos y restaurantes que se incorporan a los planes de gestión de estas áreas, adoptando prácticas de mínima huella ambiental y reforzando actividades tradicionales como la agricultura extensiva y el pastoreo, elementos que dan forma a valiosos paisajes culturales.
Fundaciones y mecenazgo cultural: organizaciones privadas y del ámbito bancario (como fundaciones asociadas a grandes compañías) que aportan recursos para la restauración, la investigación y la difusión del patrimonio, y que impulsan iniciativas de turismo cultural sostenible en coordinación con las administraciones.
Proyectos estatales que incorporan la colaboración del sector empresarial
Programas de destinos turísticos sostenibles: convocatorias públicas que cofinancian proyectos para mejorar movilidad, gestión de residuos, capacidad de carga y digitalización en destinos concurridos. Muchas actuaciones se desarrollan en colaboración público-privada y con la implicación de empresas locales.
Sistemas de calidad en destino (SICTED): iniciativa de mejora constante que reúne a negocios y servicios turísticos con el fin de potenciar la calidad y la sostenibilidad de la oferta, incorporando indicadores prácticos adaptados a espacios patrimoniales.
Gestión de grandes bienes culturales: enfoques de preservación que integran financiamiento estatal, concesiones reguladas y cooperación empresarial para asegurar el cuidado técnico, la accesibilidad y experiencias interpretativas que respeten su valor histórico.
Casos específicos que evidencian su impacto
Rehabilitación y puesta en valor mediante uso turístico: edificios históricos transformados en alojamientos o centros culturales cuyo uso rentable permite destinar recursos a la conservación continua, generando empleo local y manteniendo tejidos económicos tradicionales.
Desarrollo de rutas temáticas: itinerarios de vino, rutas de trashumancia, senderos culturales y vías verdes que distribuyen la demanda turística en el territorio, diversifican la oferta y prolongan la estancia media en zonas rurales.
Reducción de presión en espacios sensibles: inversiones en infraestructuras de movilidad sostenible, gestión de visitantes y digitalización de accesos que permiten limitar flujos en momentos críticos y preservar el valor paisajístico.
Fortalecimiento de oficios tradicionales: proyectos que integran a artesanos, productores locales y guías culturales para ofrecer experiencias auténticas, contribuyendo a la continuidad de técnicas y al mantenimiento del paisaje productivo.
Información y evidencias perceptibles
Antes de la pandemia, el turismo representaba una fracción notable del empleo y del PIB nacional, y esa relevancia vuelve imprescindible encaminar la actividad hacia enfoques sostenibles que impidan el deterioro del patrimonio que sostiene la oferta.
La adopción de sistemas de gestión ambiental y certificaciones técnicas en alojamientos turísticos ha evidenciado disminuciones en el uso de energía y en la generación de desechos, además de elevar la percepción del visitante respecto a la calidad y el compromiso responsable.
Las iniciativas que integran preservación y aprovechamiento (como la rehabilitación orientada al alojamiento, los recorridos culturales y las propuestas de mecenazgo) suelen producir ingresos constantes destinados al mantenimiento y fomentar la creación de empleo local en áreas de baja densidad.
Lecciones aprendidas y retos pendientes
Visión de largo plazo: la conservación eficaz requiere una planificación que se extienda por varios años y dependa de mecanismos financieros sólidos; la RSE debe articularse con las políticas públicas y no quedar restringida a intervenciones aisladas de comunicación.
Equilibrio entre conservación y accesibilidad: fomentar visitas inclusivas sin sacrificar la integridad física y cultural de los bienes es un desafío que exige gestión de flujos, formación de profesionales y tecnologías de monitorización.
Distribución territorial de beneficios: las empresas han de incorporar cadenas de suministro locales y respaldar proyectos comunitarios para impedir que las ganancias se acumulen en un número reducido de actores.
Medición y transparencia: impulsar la definición de indicadores precisos sobre impacto social, económico y ambiental facilita valorar la eficacia de la RSE y afinar sus estrategias.
La experiencia española evidencia que aplicar la RSE al ámbito turístico y a la protección de los paisajes culturales puede convertir la presión turística, inicialmente percibida como un riesgo, en una ocasión para fortalecer la conservación, dinamizar la economía y afianzar la cohesión social. Los ejemplos de rehabilitación orientada al turismo, la transformación de antiguas infraestructuras en rutas para caminar, las certificaciones de calidad y las colaboraciones entre el sector público y el privado ponen de relieve que dedicar recursos al patrimonio equivale a impulsar una competitividad sostenible. El reto consiste en ampliar estas prácticas ejemplares de forma justa y responsable, asegurando que la gestión
